Figura 1

(Rodriguez,2023)

b) Diferencia entre política criminal y política general

          La política criminal es una de las diciplinas que se fundamenta en valores jurídicos y sociales orientadas principalmente a la prevención del delito, sus funciones son todas aquellas que van a ayudar a comprender el actuar criminal y prevenirlo, esta diciplina se apoya de los conocimientos criminológicos para realizar estudios científicos sobre el fenómeno criminológico con el fin para su anticiparse a la prevención.

Una de sus funciones esenciales de la política criminal es definir el tratamiento de los cuidados para los imputados que cometen los actos delictivos, no es solo el castigo que se le debe de dar al delincuente, que atentan contra las normas en general de la convivencia social, que ponen en peligro a la seguridad y bienestar de la sociedad o causan algún daño la vida del ser humano, en este sentido, la protección de la vida es la esencia principal de la política criminal.

Es una disciplina que va en punto de intermedio entre la ciencia y la política, es una ciencia en el conocimiento imparcial del acto criminal en sus formas de aparición legal y empíricas, también pretende, como clase política llevar en concreto ideas o intereses definidos.

Su método a desarrollarse es en el contorno de trabajo es teórico y su plano de incidencia práctica, en el ámbito social, toma una particular posición de intermedio entre la ciencia y proporción social.

La manifestación principal de política criminal es la intervención del estado a través del poder público, en relación con los actos criminológicos aplicando un conjunto de conocimiento principios y estrategias que permiten prevenir y disminuir los delitos. La política criminal toma las bases a partir de los conocimientos y técnicas y estrategias dados por su criminología para prevenir y combatir los actos delictivos.

La política General Es el conjunto sistemático de decisiones, planes y acciones que un Estado adopta con el objetivo salvaguardar el bienestar de colectivo, garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer el estado de derecho, estas decisiones deben de articularse los cambios con la estructura social y económica, así como ir de la mano con reformas penitenciarias alineadas del ámbito de la Justicia Penal tanto a nivel nacional como internacional.

La política General según la teoría planteada por López – Rey se constituye como el conjunto los elementos esenciales orientados al desarrollo social,  fundamentados en los derechos irrenunciable de la libertad, igualdad y seguridad este se refiere a los objetivos del desarrollo social.” las políticas públicas son instrumentos del Estado, que le sirven para adoptar las mejores decisiones, para la resolución de conflictos socialmente problematizados y tienen como objetivo, acercar el apoyo científico a las actividades de gobernar ,”(Juárez, Medina, s.f.p.8).  Estos derechos configuran las bases sobre cual se articula cualquier proceso de desarrollo en la sociedad.

 En este sentido la política general se correlaciona con el desarrollo de códigos penales y practica en materia penal. Esta función es una tarea de carácter sociopolítica, que requiriendo la participación programas de prevención de la criminalidad, diseñados y desarrollo por profesionales capacitados. Dichos   programas deben contemplar los múltiples aspectos que inciden en la relación mutua con el desarrollo social y la evolución criminal.

 De acuerdo las directrices establecidas por la Organización Internacional (ONU). Los Estados están llamados a establecer sistemas de justicia penal, considerando los factores políticos, económicos, culturales y sociales. Estos sistemas deben fundamentarse en los principios solidos de la justicia social, promoviendo no solo la sanción, sino la prevención, rehabilitación, reinserción social de las personas infractoras.

La política general, desde una perspectiva integral, abarca la criminología como disciplina clave para la formulación de reforma de política criminales y judiciales.  Toda reforma de este ámbito debe de estar sustentada en criterio uniformes, sistemáticos y racionales. Que se articulen dentro de las estrategias generales adoptadas por el poder público. Estas estrategias deben de estar orientadas a enfrentan el fenómeno del delito, de manera justa y efectiva.

¿Qué beneficios presenta una Política Criminal bien planteada y dirigida?

La política criminal bien estructurada no solo actúa como instrumentó de control social frente fenómeno delictivo, sino que también actúa como una herramienta para garantizar el orden social, proteger los derechos fundamentales y fortalecer el Estado de derecho. Esta incorpora medidas de prevención, educativas, sociales, restaurativas que abarca la criminalidad de manera integral. En esencia la política criminal está orientada resguardar y establecer el bienestar social.

 Una política criminal bien organizada permite identificar las cusas del delito en una sociedad y anticipar la prevención. Una política claramente definida   suministra estrategias para prevenir el delito en sus realidades, otorgando valor a la acción política marcando una equidad real entre el poder y los derechos fundamentales del ciudadano. En cambio, si la política criminal es débil, no podrá atender los factores que incitan a las conductas delictivas.

La política criminal efectiva no actúa de manera aislada, sino se integra con las otras políticas, como la pública, ya que estas constituyen son instrumento del Estado, que permite tomar mejores decisiones para la solución de problemas social. Además, aportan apoyo científico y técnico que fortalece el poder público y optimiza recursos del Estado.

En un Estado social y democrático de derecho, el proceso penal este sujeto a los principios constitucionales, reconociendo las garantías y derechos humanos de los ciudadanos. Este proceso debe de garantizar el respeto al derecho, la seguridad, la justicia, la equidad y el bien común. Proviniendo así el abuso de poder.

 La correcta formulación de políticas criminales permite optimizar el uso de los recursos del sistema penal, priorizando los casos que verdaderamente afectan la paz social. Así mismo promueve la aplicando mecanismos alternativos como la justicia restaurativa, mediación penal, penas no privativas de libertad, en situaciones de menor lesividad. Ello contribuye a reducir la sobrecarga judicial y el hacinamiento carcelario.

La política criminal bien organizada, no pretende exterminar la delincuencia, pero sin duda, establecerá programas que incluyan eficaces de evaluación, control, con trasparencia, instrumentos estrategias, y planes que funcionen y permitan hacerles frente a los márgenes de los crimines.

Esto brindaran múltiples beneficios para la sociedad, “e incluso deberá reducir los gastos que se realizan en la actualidad, con programas, instrumentos, estrategias y objetivos alternativos que no reflejan un beneficio social e incrementan la asignación de recursos en el presupuesto sin justificación.” (Juárez, Medina, s.f., p.40).  El estado no solo enfoca en la prevención del delito, sino que también se encarga de investigar y de evaluar los programas, los cuales ayudan a la toma de decisiones.