Objeto de estudio y disciplina de la Política Criminal, así como finalidad general y específica de la Política Criminal.

El objeto de estudio de la política criminal consiste en averiguar y organizar la forma que tiene el problema criminal, las posibles soluciones con respectos a la serie de problemas, es el conjunto de estrategias, medidas y decisiones adoptadas por el estado para prevenir, controlar y sancionar el delito, así como para proteger a la sociedad, los bienes jurídicos y garantizar el orden social.

 Esto implica analizar tanto la criminalidad como fenómeno social, como las respuestas institucionales frente a ella. “Toda política criminal es alimentada y apoyada por el área penal que con el objetivo de la protección de la sociedad y de los bienes jurídicos y colectivos son tomados frente a dicho fenómeno y su desarrollo.” (Prieto, s.f., p.11). La Política Criminal es una rama del saber jurídico y social que se ocupa del análisis, diseño y evaluación de las estrategias.

El estado emplea para enfrentar la criminalidad su objeto de estudio fundamental es el fenómeno criminal, en este sentido, la política criminal no se limita únicamente al derecho penal, sino que se nutre y se articula con múltiples disciplinas y áreas de acción.

Desde su origen, el concepto de Política Criminal ha generado diversas interpretaciones. Autores como Feuerbach, Quistorp y Kleinshrod, son reconocidos como los primeros en emplear el término, donde se hizo presente el derecho penal, entendiéndolo como el conjunto de procedimientos que el estado aplica en un momento determinado para combatir la criminalidad.

La política criminal se determina en descubrir, organizar y radicar las posibles soluciones en los muchos problemas de fondo que tiene la criminalidad, Él carácter ideológico de la Política Criminal es innegable es sustentada y apoyada filosofía penal, donde abarca los fundamentos de la justicia, la legitimidad y los límites de someter el castigo.

 La policía criminal va en vía transformarse, ya que, a la debida funcionalidad del sistema, adoptando medidas y desarrollando   para el buen funcionamiento con respecto a la protección de la sociedad, de los bienes jurídicos y colectivos, esto se ocupa en desarrollar de la mejor manera el derecho penal.

          El delito no puede explicarse ni afrontarse exclusivamente desde el derecho penal. Como todos los sistemas jurídicos, el derecho penal se estructura sobre las muchas necesidades sociedad y las ideologías criminales, es necesario recurrir al conocimiento empírico y teórico de disciplinas como la criminología, la sociología, la psicología criminal, la economía y la política social.

Desde el punto de vista jurídico, la Política Criminal estudia la estructura y función de las normas penales, así como su legitimidad, eficacia y límites. Desde la perspectiva criminológica, investiga las causas y factores que influyen en la criminalidad, y analiza las consecuencias de las penas y medidas aplicadas.

En su dimensión social y política, comprende especialmente dirigidos a los costos sociales, examina cómo las desigualdades estructurales, la marginación y otros factores sociales influyen porque y persistencia del delito.

 

Finalidad general de la Política Criminal

La finalidad general de la Política Criminal es proteger a la sociedad frente al fenómeno delictivo, buscando la preservación de los bienes jurídicos fundamentales y el mantenimiento del orden social. “los fines de la justicia no están dados solamente por la rehabilitación o resocialización del delincuente, sino además por lograr una justicia que a nivel penal preserve derechos fundamentales, tales como igualdad, seguridad, dignidad y libertad.” (Prieto, s.f., p.7). No se trata simplemente de castigar, sino descubrir y organizar las posibles soluciones con los muchos problemas y las formas que tiene el actuar criminal.

En este marco toda la política criminal debe garantizar la eficacia del sistema penal, en naturaleza sustentada y apoyada en esta filosofía, pero también su legitimidad, lo cual exige respeto a los derechos humanos, el trato de la sociedad a los delincuentes, proporcionalidad en la aplicación de las penas, y una intervención penal limitada y adecuada.

Los sistemas jurídicos conjunto al derecho penal se solidifica la influencia de todas las necesidades circunstanciales y todas las múltiples formas de practicar el crimen, comprende también todos los esfuerzos de la política social, enfocada en los costos sociales que incurre la criminalidad, se distribuyen en tres partes iguales que serían en el delincuente, victima y la comunidad política.

La elaboración y exposición organizada de estrategias, tácticas sociales, métodos con que el gobierno se enfrenta a los delitos, pretende controlar en conjunto con las ciencias penales, el sistema de justicia penal, las investigaciones criminológicas y la realidad social, la forma progresiva del marco social. Sino que analiza el funcionamiento real del sistema penal, propone mejoras legislativas y promueve nuevas estrategias de prevención del delito.

 

Finalidades específicas de la Política Criminal

Las finalidades específicas de la Política Criminal, es la prevención del delito, es lo primordial del sistema penal y del control social en general, este se centra en las normas, en el respeto a los derechos fundamentales, sin olvidar que la prevención, sin dejar de lado el respeto a los derechos de las personas Incluye políticas educativas, sociales, económicas y culturales orientadas a atacar las causas estructurales del delito.

 

Rehabilitación o reinserción social: La pena no debe ser meramente retributiva, sino un intento de facilitar la reintegración del condenado a la sociedad, ampliar las posibilidades de volver a integrarse a una vida social, dándoles una nueva oportunidad que lo aleje del comportamiento criminal Esta es una estrategia frente al delito, disminuyendo futuras conductas criminales, con la ayuda de la fase ejecutiva penal para reinsertar a la persona a una vida sin que cometa actos delictivos.

Reformas del poder punitivo:  como organización adecuada y alineando el dispositivo estatal persecución penal y de ejecución de penal, la política criminal d promueve el derecho positivo para lograr mejores resultados en la lucha contra la delincuencia, limitar el uso del castigo penal solo a aquellos casos realmente necesarios, evitar la sobre criminalización y fomentar mecanismos alternativos como la mediación, la reparación del daño o la justicia comunitaria.

Respeto a los derechos humanos o fundamentales: Asegurar que en todo el proceso penal se respeten los derechos del imputado, la víctima y la sociedad. Los fines de la justicia en área penal se resguarde los derechos fundamentales, la igualdad, seguridad, dignidad y libertad.

Evaluación de costos sociales y económicos:  la política criminal tiene en cuenta el impacto económico, social de la criminalidad y de las respuestas penales. Esta diciplina comprende también todos los esfuerzos de la política social enfocada en los costos sociales de forma imparcial entre las partes afectadas, victima, delincuente y comunidad política.

La política social es que más se interesa en la   administración de los servicios públicos sociales, como salud, educación y sistema de seguridad social, para solución de problemas y alcanzar los objetivos que se dirigen.

Participación social: Fomentar la corresponsabilidad de la comunidad y a la promoción participación de la participación de la comunidad, énfasis en la prevención del delito y en la construcción de una justicia penal más democrática, participativa y de inclusión.